El eslogan “Quédate en casa” se reprodujo rápidamente en redes sociales y medios masivos de comunicación. Sin embargo, siguiendo al sacerdote jesuita Rodrigo Zarazaga, el condicionamiento estructural hace que los sectores vulnerables no puedan llevarlo como hacen otros. La cuarentena obligatoria para algunos es quedarse en sus casas viendo Netflix, comunicándose por Zoom, con provisiones compradas en mayorista y trabajando en forma virtual. En cambio, la situación es distinta para quienes habitan en casillas donde hay humedad bajo chapas, con seis personas viviendo, sin agua y perdiendo la posibilidad de hacer changas para obtener algo de dinero.
Leilani Farha, Relatora Especial de la ONU sobre el derecho a una Vivienda Adecuada, declaró hace pocos días que “La vivienda se ha convertido en la primera línea de defensa frente al coronavirus. Pocas veces anteriormente el hogar ha supuesto un asunto de vida o muerte”.
Sucede que el derecho a la vivienda es la vía de acceso a otros derechos. No se puede gozar de buena salud, educación o trabajo sin un lugar adecuado donde vivir. Estos días, más que nunca, se necesita de una vivienda para garantizar la salud.
El gobierno adoptó la propuesta que le llevaron los curas villeros y readecuó la consigna “Quédate en tu casa, quédate en tu barrio”. A su vez, dictó el DNU 320/20 que dispone que la situación exige “extremar esfuerzos para enfrentar no solo la emergencia sanitaria, sino también la problemática económica y social”. Y agrega: “el Estado debe hacerse presente para que los y las habitantes de nuestro país puedan desarrollar sus vidas sin verse privados de derechos elementales, como el derecho a la salud, pero sin descuidar otros, como el derecho a la vivienda”.
Desde ese lugar, el decreto establece la suspensión de los desalojos por falta de pago y prorroga la vigencia de los contratos, con conformidad de la parte locataria (inquilina) hasta el 30 de septiembre. También dispone el congelamiento de los precios de los alquileres al valor de marzo y que la deuda por diferencia de precio entre lo que se debía pagar y lo que acordado en los contratos se pague recién a partir de octubre.
Estos días escuchamos a intelectuales que se disputan las predicciones sobre cómo impactará la pandemia en el sistema capitalista, con más o menos optimismo a los cambios. Lo cierto es que la única certeza que tenemos es que la crisis económica y social en nuestro país se acentuará. Al menos, estamos frente a un Estado presente como no tuvimos desde hace tiempo. Por ello, desde la comunidad académica debemos bregar para que éste sea el puntapié por el cual el Estado intervenga activamente en el mercado de vivienda a fin de mitigar el alarmante impacto económico que dejará la pandemia y la desigualdad estructural que nos atraviesa.
* Docente de la materia Derecho a la Vivienda de la carrera de Abogacía.
Publicada el 10/4/2020 |
